24Mar
La adhesión a la Ley Micaela en los municipios es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia de género.
Esta ley, que lleva el nombre de Micaela García, una joven víctima de femicidio, tiene como objetivo capacitar a todas las personas que trabajan en la función pública en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Es fundamental que todas las instituciones y organismos públicos se sumen a esta iniciativa y se comprometan a implementar políticas y acciones concretas para promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, es lamentable que en el Municipio de Toledo, se registró un caso de violencia de género y acoso laboral por parte de un alto mandatario. La víctima de este lamentable suceso tuvo que recurrir a la justicia, ya que las autoridades del concejo deliberante hicieron omisión al mismo.
Este caso no solo ha sido una afrenta a los derechos fundamentales de la persona afectada, sino también una clara señal de que aún queda mucho por hacer en nuestra comunidad para erradicar la violencia de género y garantizar la protección de todas las personas, especialmente de las mujeres.
La adhesión a la Ley Micaela es un primer paso necesario, pero no suficiente. Es imprescindible que se implementen políticas integrales y efectivas de prevención, atención y reparación en casos de violencia de género, así como medidas para promover la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los espacios de toma de decisiones.
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